¿Por qué no fumigar con glifosato?

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El gobierno se muestra dividido y vacilante mientras la evidencia científica sobre los daños – y la inutilidad – de esta estrategia se ha seguido acumulando. ¿Será que somos más papistas que el Papa?

Sandra Liliana Mejía Alfonso
Politóloga, Msc. en Medio Ambiente y Desarrollo
Investigadora de la Corporación Bioregión

¿Qué decidirá el gobierno?

fumigacionesEl gobierno nacional está en mora de suspender la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con glifosato, que todavía es un eje de su política contra la droga.

Esta acción se propone destruir la materia prima para la producción de estupefacientes, pero en la práctica implica criminalizar al pequeño productor y al campesino que para subsistir ha tenido que combinar sus cultivos lícitos con los ilícitos.

El glifosato no solamente quema los sembrados de coca, amapola y marihuana, sino los cultivos lícitos, además de contaminar el suelo y las aguas, destruir la vegetación de las selvas, y afectar la salud de las comunidades y de los animales.

Pese a los reclamos de distintos sectores, el gobierno no ha reconocido los daños que esta medida causa a la población rural. Por esto mismo resulta interesante que el ministerio de Salud sea el abanderado a la hora de adoptar el concepto de la Organización Mundial de la Salud, la cual, a través de su Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, concluyó recientemente que el glifosato es un herbecida con alta probabilidad de ser cancerígeno para el ser humano.

En consecuencia el ministro de Salud Alejandro Gaviria pidió “suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”. El ministro de Defensa sin embargo advierte que “continuarán las fumigaciones”, y la ministra de Relaciones Exteriores dice en un tono más diplomático que “la decisión sobre uso del glifosato no será a corto plazo”.

En todo caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, encargada de autorizar y vigilar el Plan de Manejo Ambiental para estas operaciones antinarcóticos, deberá presentar su concepto sobre el tema ante el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), entidad encarda de decidir la suspensión o la continuidad de las fumigaciones.

Destrucción masiva

El glifosato es un herbicida patentado por la multinacional Monsanto que se vende bajo la marca Roundup. Se usa en cultivos agrícolas, pero Colombia es el único país donde se permite su uso para erradicar cultivos de uso ilícito.
Las aspersiones con glifosato han acabado con los cultivos de los campesinos, inclusive en proyectos productivos de las agencias que contribuyen al desarrollo alternativo para la sustitución de cultivos de coca, como los de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID). También existen denuncias en su contra por parte de campesinos, indígenas y afrocolombianos que han visto afectada su salud y la de sus hijos a causa las fumigaciones.

Principio de precaución

La posición oficial del gobierno en el sentido de que no existe prueba científica que demuestre la toxicidad del glifosato subestima varios estudios de científicos colombianos que corroboran el peligro del herbicida para la salud humana.

En estas circunstancias el gobierno está obligado a actuar según el principio de precaución: si hay sospechas fundadas sobre los daños graves que cause una medida ambiental o de salud, hay que abstenerse de aplicarla hasta que la duda sea despejada (y toda vez que de otra manera se habría producido un daño irreparable y grave).
La precaución es un principio rector en materias de protección del medio ambiente y de la salud, de modo que ha de tenerse en cuenta en toda política, proyecto o actividad sobre un territorio o que afecte a un grupo determinado de la población. Está consagrado en el derecho internacional y en la legislación colombiana, que exigen aplicarlo cuando la acción pueda ser considerada de alto riesgo y no exista certeza científica sobre sus efectos.

Estrategia ineficaz

Aunque el CNE autorizó la fumigación con glifosato en 1994, desde antes se estaban fumigando áreas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el químico Paraquat para erradicar la marihuana.

Después de todos estos años, las fumigaciones no han acabado con los cultivos de marihuana ni con los de coca, como se sigue del Censo 2014 del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), según el cual en 2013 había 48.000 hectáreas sembradas de coca, distribuidas en 23 de los 32 departamentos de Colombia. El 56 por ciento de la coca se ubica en 3 departamentos: Nariño, Norte de Santander y Putumayo; y el 82 por ciento se concentra en solo 6 departamentos. Las aspersiones aéreas en 2013 se concentraron en Putumayo (19 por ciento), Nariño (17 por ciento), Chocó (16 por ciento), Guaviare (14 por ciento) y Caquetá, Cauca y Valle del Cauca (24 por ciento).

La consiguiente evolución histórica de los cultivos frente a las fumigaciones fue primero hacia la dispersión y, más recientemente, hacia la concentración. Según el SIMCI, el 17 por ciento del territorio colombiano ha estado permanentemente afectado por cultivos de coca durante los últimos 10 años (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Santander), el 6 por ciento del territorio presenta una afectación entre 2011 y 2013 (Norte de Santander, Pacífico y Orinoquia), y el 46 por ciento presenta afectación intermitente (Catatumbo y Pacífico).

La política de erradicación forzosa mediante fumigación aérea con glifosato (u otros herbicidas más potentes, como Round Up Ultra, Imazapyr y Tebuthiuron, empleados también en las fumigaciones) no ha funcionado. Incluso se ha intentado emplear métodos alternativos como el hongo Fusarium oxysporum, pero este produjo un gran rechazo por parte de la sociedad civil.

¿Para quién se gobierna?

La política de fumigación fue una exigencia del gobierno de Estados Unidos, que limita el margen de maniobra del Estado colombiano en el momento de garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos y responder a las demandas sociales. El gobierno desconoce las raíces de la economía campesina de la coca y rechaza sistemáticamente las demandas de la población afectada.

Además, existen graves contradicciones en la forma como los gobiernos vienen tratando el tema. Un ejemplo claro fue la indemnización de 15 millones de dólares que Colombia pagó a Ecuador en 2008 a raíz de la demanda de ese país ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones de Colombia en la frontera, lo cual causó grandes daños ambientales y a la salud humana. El gobierno colombiano se comprometió entonces a respetar los diez kilómetros del área fronteriza.

Han sido muchos los intentos de la sociedad civil para ponerle fin a las fumigaciones: marchas cocaleras, acciones populares y tutelas interpuestas por ambientalistas están entre los más conocidos. También se recuerda la comisión de gobernadores que viajó a Washington para explicar por qué deben acabarse las aspersiones. La suspensión inmediata de estas operaciones fue igualmente exigida en los paros recientes del Catatumbo y en la Cumbre Agraria. La Defensoría del Pueblo y la Contraloría General han recibido las quejas de las víctimas desde 2001 y repetidamente han pedido la suspensión inmediata de las fumigaciones.

En esta lucha se han tenido logros como la Sentencia SU-383 de 2003 de la Corte Constitucional, que obligó al Estado a hacer la consulta previa a los pueblos indígenas de la Amazonia donde se desarrolla el programa de erradicación; o la Sentencia del Consejo de Estado que en 2013 prohibió fumigar con glifosato los Parques Nacionales Naturales.

Nuevos paradigmas antidrogas

Las negociaciones de La Habana permitieron un acuerdo para adelantar un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito donde desparecen las fumigaciones aéreas y se les da prioridad a las erradicaciones voluntarias y manuales. Este sería un aporte de peso a la política contra las drogas y una forma de reconciliación – no solo con la sociedad sino con nuestros ecosistemas-.

Los campesinos están cansados de acciones como la “Operación Comején”, la “Operación Resplandor”, los millonarios recursos del Plan Colombia o el Plan Patriota con sus sistemas bélicos sofisticados que buscan la erradicación total y en el menor tiempo posible.

Pero también comienzan a soplar aires renovadores desde las voces que llaman a superar la “guerra contra las drogas”. El propio presidente Santos llamó a la comunidad internacional a revisar un paradigma que no ha funcionado, y hoy se impone el consenso sobre la necesidad de concentrase en combatir las organizaciones criminales en lugar de perseguir al campesino o al consumidor.

De modo pues que Colombia tiene otra oportunidad para adoptar estrategias más realistas, más eficaces y más respetuosas de los derechos colectivos y del medio ambiente.

Tags: Sandra Liliana Mejía, Glifosato, Cultivos de uso ilícito, Coca, Región, Biorregión, Sociedad regional.

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